Uruguayos en Catalunya - La Generalitat avalará todos los nuevos contratos de alquiler

1. • El Govern se compromete a pagar hasta seis mensualidades en caso de impago del inquilino

2. • La iniciativa intenta proporcionar más garantías a los propietarios que tienen viviendas desocupadas

Si desea ver el gráfico en PDF haga click en la imagen.

MÁS INFORMACIÓN

• Los API ofrecen un seguro similar, pero más excluyente

• La oferta de arrendamiento aumenta lejos de Barcelona

SALVADOR SABRIÀ

BARCELONA

El Govern de la Generalitat prepara medidas "garantistas" para acelerar la salida al mercado de alquiler de miles de pisos vacíos cuyos propietarios no se atreven a arrendarlos por temor a los impagos. El Executiu tiene casi lista una orden para crear un sistema universal de aval al alquiler, que, en síntesis, garantizaría a todos los nuevos contratos el cobro de seis mensualidades en caso de impago.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha remitido a los colegios de administradores de fincas y a los agentes de la propiedad inmobiliaria de Catalunya el primer borrador en el que se dibuja el funcionamiento de este sistema de avales. El titular de la conselleria, Francesc Baltasar, reconoció ayer que la fórmula no está todavía cerrada aunque el objetivo del Govern es que entre en funcionamiento después del verano. La propuesta se ha bautizado como avalloguer. Está destinado a todos los contratos de alquiler que se firmen en Catalunya y que se registren en el Institut Català del Sòl, que no exijan más de dos meses de fianza al inquilino ni otras garantías adicionales, y con un límite de renta mensual en torno a los 1.500 euros.

La Generalitat garantizará a los arrendadores la percepción "de hasta seis meses de alquiler en el caso de impago por parte del inquilino", si se cumplen las condiciones. La gestión se encomendará al Incasòl. Y la medida no tendrá efectos retroactivos para los contratos antiguos. Este aval universal se sumará a los que ya tengan los pisos que se alquilen a través de las redes de mediación para el alquiler social y la red de alquiler joven. El abono de las mensualidades no cobradas se hará en el plazo de "entre dos y tres meses" desde el momento en que el arrendador notifique al Incasòl la sentencia de desahucio.

EL CÁLCULO DE LA RENTA

Para calcular la renta mensual se utilizará la cifra de la fianza depositada como obligatoria. No se tendrán en cuenta las costas procesales ni otros gastos que haya provocado el inquilino moroso. Este punto es uno de los que, de momento, deja descontentos a los agentes intermediarios del sector, ya que consideran que, a pesar de ser un paso positivo, sin estos complementos, que también son gastos, el aval queda un poco corto. El borrador prevé algunas exclusiones para evitar abusos y prácticas fraudulentas. Una de ellas deja sin posibilidad de aval a los casos en los que el arrendador se haya negado a cobrar o haya dificultado el pago para lograr una sentencia de desahucio, o este se haya conseguido con acoso inmobiliario.

El coste del aval irá a cargo de Medi Ambient i Habitatge, que ya tiene una partida presupuestaria abierta. Los cálculos iniciales del coste para el departamento rondan los dos millones de euros anuales.

MÁS SEGURIDAD

"Intentamos dar seguridad a los propietarios garantizándoles que van a cobrar el alquiler en casos de morosos para que se acabe la excusa o el temor a no poner pisos vacíos en el mercado por este motivo. Calculamos, de acuerdo con las informaciones que nos dan los apis y los agentes de la propiedad, que solo se produce un 1% de desahucios con sentencia por impago, lo que supondría unos 2.500 casos al año", manifestó Baltasar.

El avalloguer tiene otro objetivo paralelo: "Eliminar la práctica creciente de exigir fianzas cada vez mayores, en algún caso de hasta un año de alquiler, antes de cerrar un contrato, lo que aumenta las dificultades para obtener un piso de arrendamiento para colectivos de jóvenes y otros con sueldos bajos y poca capacidad de ahorro", añadió.